LA LEY 100 DE 1993

La Ley 100 de 1993 crea el "Sistema General de Seguridad Social en Salud" que cambia y reorganiza la prestación de los servicios de salud del país e integra la salud pública, el sistema de seguridad social y la provisión de servicios privados. Es un sistema universal de aseguramiento que se establece mediante la "competencia regulada," mecanismo que promueve la eficacia y la calidad, en la provisión de los servicios. La Ley 100 plantea los siguientes principios como sus fundamentos centrales: equidad, obligatoriedad, protección integral, libre escogencia, autonomía de las instituciones, descentralización administrativa, participación social, concertación y calidad.

Esta fue implantada debido a que, el sistema de salud Colombiano sólo lograba asegurar un 17% de la población. Este no contaba con cobertura familiar, es decir que el seguro sólo cubría al trabajador, su familia accedía a las atenciones de salud a través de las clínicas de las Cajas de Compensación Familiar, las cuales aplicaban unas tarifas módicas. Las entidades aseguradoras aplicaban preexistencias, es decir que el afiliado debía renunciar a las prestaciones de salud para aquellas enfermedades existentes al momento de afiliarse. El acceso a los servicios de salud a través de seguros era reducido, y las personas de bajos recursos recibían servicios a través de Hospitales Públicos que se financiaban con transferencias de las Direcciones Departamentales de Salud.

La cobertura en aseguramiento se ha incrementado a un 66% de la población y este Régimen Subsidiado de Salud, garantiza las atenciones de salud a unos trece millones de colombianos. Los recursos financieros para la salud han incrementado astronómicamente hasta alcanzar casi 10% del Producto Interno Bruto, es decir unos 18 billones de pesos. Se han desarrollado varios planes de beneficio o paquetes de atención en salud para la población según su capacidad de pago y se inició la implementación de un sistema de garantía de calidad para los servicios de salud, es decir “Se dio un viraje a la atención en salud de un enfoque curativo hacia uno preventivo”.

No obstante, la cobertura en aseguramiento no es universal, a pesar de los casi 18 billones de pesos anuales del gasto en salud (unos $395.000 por persona por año). La intermediación o gastos de funcionamiento de las EPS del Régimen Contributivo de Salud cuesta al país unos 1,2 billones de pesos y  los gastos de administración del Régimen Subsidiado de Salud cuestan unos 300 mil millones de pesos. Además, la proliferación de Instituciones Prestadoras de Servicios de carácter privado (IPS) ha agudizado la crisis de los Hospitales Públicos (Empresas Sociales del Estado E.S.E) y empeorado la situación laboral de los profesionales de la salud en materia salarial. Conjuntamente el flujo de los recursos hacia las IPS es muy lento y algunas personas sufren la falta de eficiencia en el aseguramiento.

 Algunas aseguradoras se comportan como simples administradoras de recursos, sin impactar en la salud de la población afiliada, perjudicando y estropeando la acción medica,  por parte del profesional de la salud interesado por la bienestar de sus pacientes; desarticulando así,  las funciones de salud pública del sistema, por el excesivo énfasis en asegurar la población, partiendo de la premisa de que toda persona con un carné de salud tiene garantizados los servicios. Adicionando que las Direcciones Territoriales de Salud perdieron el liderazgo en temas como vacunación, control de enfermedades transmisibles, control de factores de riesgo y saneamiento ambiental, perdiendo  recursos por evasión y elusión.

En conclusión,  no se ha logrado garantizar el aseguramiento de una excelente calidad en salud a los colombianos, los cuales reciben un servicio de baja calidad y en muchas ocasiones un mal tratamiento y cuidado de sus patologías; debido a que el médico o profesional de la salud es manipulado por parte de las legislaciones apresuradas de nuestro gobierno, el cual solo busca el beneficio propio sin importar el de la nación dando como consecuencias no solo lo anterior expuesto, sino también la pérdida de autonomía del profesional de la salud en cuanto a su diagnostico y formulación, haciéndolo de esta forma víctima y recurso barato de las EPS y el gobierno, conllevando así, a la corrupción de la medicina y a la falta de la calidad de la vida y la dignidad de los pacientes. Finalmente solo queda decir que “la medicina con intermediarios desmotiva al médico, despersonaliza al paciente y deshumaniza el ejercicio profesional”.